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Movimientos antirrenovables: quién está detrás de su financiación y qué apoyo reciben de los grupos políticos
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Movimientos antirrenovables: quién está detrás de su financiación y qué apoyo reciben de los grupos políticos

En respuesta al articulo en El Español.

A QUIEN ESPECULA, TODO LE VALE. La persona que creemos es periodista arranca considerando que las plataformas, que actualmente nos movilizamos en contra de la invasión de macroparques energéticos, se crearon en contra del desarrollo de energías limpias en España; nada más lejos de la realidad:

El objetivo de la mayoría de plataformas sociales y vecinales ha sido y es posicionarse en relación con el desembarco en el territorio de empresas energéticas y de otros sectores que al olor de los fondos públicos para fomentar la transición energética, han solicitado cientos de proyectos inasumibles para quienes residen en el territorio.

Continúa diciendo que nos hemos organizado y trabajamos conjuntamente: obviamente, ante semejante amenaza!!.

Que tenemos presencia en redes sociales: por supuesto o ¿acaso son privativas de particulares y empresas?.

Que contamos con financiación para promocionarnos: si la tuviéramos ¿dónde está el problema? La cuestión es que para una mayoría esto no es así. En nuestro caso, que solo hablamos de nuestra asociación, Ecoloxistas En Acción Galiza, Atlantica e Verde (EcoloxistasEnAccion.org), le aclaramos que no tenemos ningún ingreso de fuentes ajenas a nuestros socios y socias, no recibimos pagos ni subvenciones de nadie; vd. claramente no entiende el trabajo voluntario y el compromiso (no nos sorprende a tenor de su criterio de no contrastar las fuentes de información).

Que nuestro objetivo ha cambiado conforme ha evolucionado quien nos paga: nos lo va a tener que explicar en detalle, porque ¿quién se supone que nos paga?

Pero claro, la fuente de esta retahíla de infundios es el sector empresarial renovable.

No conforme con todo lo anterior, se permite decir que hay grupos políticos que nos apoyan y en el caso concreto de Galicia, habla del BNG: Todo le sirve a quien especula; al fin y al cabo, a río revuelto ganancia de pescadores. Nos sitúa en reuniones conjuntas con partidos que están en las antípodas ideológicas unos de otros, pero lo que a ella le interesa es situarnos a las asociaciones ahí; tú miente, que algo queda! parece ser su lema a lo largo de todo el texto.

Por lo visto nos financian los propietarios de negocios de turismo rural, agricultores que no han sido “agraciados” con un molino eólico en sus tierras, clubes de caza y partidos para hacer oposición al contrario político. Seríamos ricos en dinero y pobres en principios y ese no es nuestro caso, que le quede claro.

Para no variar de lo que venimos leyendo últimamente, se ataca también a los tribunales de justicia de Galicia; una vez más, quienes son competentes para aplicar la ley no lo hacen adecuada ni correctamente. De ahí, que Xunta y Gobierno de España estén cambiando las leyes, apoyando y promoviendo cambios en la normativa europea; todo se justifica para ofrecer escenarios favorables a las empresas. 

No vamos a comentar lo que el Sr. Méndez le ha debido decir y ella tampoco contrasta; nuestra posición con respecto al posicionamiento de CCOO en relación con este tema es de sobra conocida: le invitamos a visitar nuestras redes sociales, pero claro! tal vez no le interesemos como fuente de información sino solo como diana de infundios, descalificaciones y falsedades. 

Para acabar renombra el Observatorio de la sostenibilidad como Think tank del movimiento antirrenovable en España. Le copiamos algunos datos sobre el Observatorio para facilitarle el trabajo: “nace en diciembre de 2014 como asociación ciudadana con el fin de ser centro de referencia para los agentes de la sociedad interesados en el desarrollo del concepto de la sostenibilidad en todos sus aspectos, en temas tales como el cambio climático, la biodiversidad, la ocupación del suelo, la calidad del aire, la contaminación de suelos, pero también en aspectos como la desigualdad, la distribución de la riqueza, la vivienda, la economía circular o la justicia social” y su visión es “conseguir un futuro más sostenible para todos, con mayor calidad de vida, menor uso de recursos, mayor igualdad y poder diseñar un futuro más sostenible para todos”.

A la ministra del sector solo le podemos decir que se le ha ido el objetivo, que tiene una hoja de ruta para la transición energética que no es ni transición, ni ecológica, ni justa, ni compartida por la población a la que han ninguneado en los procedimientos y que reside en el territorio que quieren expoliar. Su línea de acción va a tener un efecto demoledor sobre el medio de vida rural, sobre las pequeñas explotaciones extensivas ganaderas y de agricultura que protegen el medio ambiente, expulsor de personas, familias y comunidades hacia ciudades donde se sumarán a otras muchas familias vulnerables y en situación de pobreza, sobre la costa y la pesca tal y como la conocemos hoy, sobre la fauna, sobre las reservas naturales y espacios que antes dijeron proteger, sobre el patrimonio cultural y el paisaje.

Se ha rendido a las industrias contaminantes, a las empresas energéticas que no contribuyen a la sociedad ¿o acaso nos hemos olvidado de los beneficios caídos del cielo, de que se les ha tenido que obligar al pago de un impuesto para contribuir a las arcas públicas? Y ha venido ninguneando a las comunidades afectadas, sin el más mínimo respeto a la participación ciudadana. En la agenda 2030 se trata de no dejar a nadie atrás y la ministra hace tiempo que no tiene esto en mente.

Para acabar, tres días más tarde, la misma persona escribe en el mismo medio explicando la ampliación de plazos demandados por las empresas que han solicitado instalaciones de energías renovables. Parece que las empresas no pueden cumplir los plazos hasta mediados de 2025 y les regalan tiempo adicional, para que lo hagan cómodamente. Se amplía de 5 a 9 años el plazo para obtener una autorización administrativa de explotación y se incrementa hasta los 49 meses el plazo para obtener la autorización administrativa de construcción; Y la ministra califica de “incorporación ordenada” lo que a todas luces es una concesión sin ambages a las empresas del sector.Ustedes seguirán mintiendo, embarrando un debate necesario, difamando a asociaciones y plataformas vecinales, ciudadanas y sociales, y nosotros continuaremos situando a las personas en el centro, generando participación y conocimiento científico y no nos desviaremos de nuestros principios, convicciones y objetivos ni dejaremos a nadie atrás.

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